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Inclusión financiera y sentido de pertenencia

 Desde hace algunos años se ha instalado en países de América Latina [1] la “necesidad” de promover la inclusión financiera, en apariencia como parte de los esfuerzos de generar inclusión social. Promover inclusión, parecería ser promover a los excluidos, ‘ponerlos’, ‘meterlos’, dentro de una realidad que hoy no los atiende.
Las políticas de inclusión social tienen como propósito favorecer la atención de sectores pobres, principalmente en procesos culturales, educativos, de justicia, de salud, de infraestructura. Estos procesos, que a veces -no siempre- implican servicios, generalmente están atendidos o tienen relación fuerte con parte de la función y responsabilidad del Estado. Pero parece bastante más que facilitar acceso a servicios; se establece como forma de asegurar en la práctica los derechos ciudadanos al trabajo, la salud, la vivienda, entre otros. Esas políticas de inclusión social, vinculadas al propósito de lograr una creciente cohesión y reducir las brechas de bienestar, tienen una cuota importante de aprendizaje para el Estado, adaptándose a las particularidades de distintos grupos y realidades diversas, lo que termina traduciéndose en instrumentos y soluciones diferentes.
La inclusión financiera parecería un asunto bastante diferente. Los bancos de capital internacional, denunciados a nivel global por los perjuicios económicos y sociales generados por su nivel de especulación y por el financiamiento de actividades poco éticas, tradicionalmente le han dado la espalda a la población de menores ingresos. La inclusión financiera sería ‘meter’ a los pobres dentro de los bancos para que sean reconocidos, aceptados, como clientes.
Los bancos tradicionales no están pensados para atender pobres. Basta entrar a cualquier agencia de banco para ver que el servicio está diseñado de manera creciente, para grados de estandarización, automatización, ‘normalización’, bastante alejados de los conocimientos de amplios grupos de la sociedad. [2] La tecnología no pasa sólo por resolver nuevas ‘apps’, aparatos y estándares. La tecnología, el “conocimiento aplicado” para atender a los sectores de población de menores ingresos, pasa muy en particular por el grado de sensibilidad humana que se alcance en la resolución de problemas.
Porque estos procesos ‘modernos’ ponen el énfasis en los instrumentos y la adaptación a los instrumentos; pero los problemas de acceso no tienen relación con la falta de acostumbramiento a menúes y atms de las actuales generaciones ni a un mejor diseño de los softwares. Porque al nativo digital, que escribe con rapidez y comodidad en terminales remotas y smartphones, la ‘pantalla’ también le niega un crédito.
Representantes de bancos han manifestado la dificultad de proveer servicios directos a la población de menores ingresos, porque en ciertas condiciones no es rentable. En este país esa ‘rentabilización’ de los pobres se resolvió concediendo a los bancos prioridades, facilidades y una regulación favorable a sus productos y canales. Como si, para favorecer el acceso de los sectores populares a alimentos y ropa, se haya regulado todo para que sólo se pudiera comprar en shoppings y se obstaculizara a comercios de cercanía y ferias barriales.
Pero, la única ecuación a resolver para una atención equitativa, justa, a la medida de las necesidades financieras de los sectores hasta ahora excluidos de los bancos, no se da en términos de acceso y rentabilidad.

La defensa del excluido

A veces, las acciones que el Estado organiza con la finalidad de que los sectores más desprotegidos puedan acceder a más coberturas y protecciones, llega a niveles de tutela para aquellos que son más débiles e ‘incapaces de decidir sobre sus propias vidas’. Los que fijan las normas son los bancos, y aquellos que supervisan a los bancos, que son parte de la industria bancaria. En esos términos, en esas normalizaciones, el pobre es un inadaptado, un a-normal al que no se le reconoce el deseo ni la racionalidad propia. “La tutela sigue una racionalidad determinada por aquellos que la colocan en movimiento; pero los tutelados no precisan participar activamente de tal racionalidad; en el fondo, no se espera que ellos conozcan las razones que mueven sus tuteladores y los saberes sobre los cuales ellos se apoyan.” [3] Esa ‘racionalidad’, ese saber, es el que está en la mesa de los negociadores que diseñan el proceso, los beneficios, los riesgos y los precios de la bancarización que todo el resto deberá obedecer; esa racionalidad es diseñada por los gobernadores de la economía y por los banqueros.
Imagino que una de las zonas más exclusivas del mundo desarrollado debe ser Beverly Hills; metemos allí a un ‘excluido’, con la idea de que, si lo insertamos en una zona rica, llena de servicios y oportunidades, puede tener una mejor vida. No importa el deseo, la subjetividad del excluido en cuestión; nosotros ‘sabemos’ que allí hay más cobertura, protección y vigilancia. Si aprende a adaptarse, es posible que tenga un ‘mejor’ contexto, con mejores condiciones para su desarrollo económico.
Ahora, por ponerme en ese lugar, ¿pertenezco allí? ¿Puedo establecer un diálogo real, en el cual yo sea algo más que un objeto al que se le imponen las reglas y los supuestos beneficios? ¿Importa el costo en tiempo, en calidad de vida, en bienestar, para que yo trate de adaptarme? ¿Tengo que negar, superar mi identidad?
Cabe cuestionarse si la inclusión financiera se trata de poner a ese “excluido” en un banco, en servicios básicos, ultra estandarizados, casi “pidiendo permiso” para operar. Cada día se observa las diferencias que hacen los bancos entre los clientes de acuerdo a su capacidad económica, a través de la asignación de oficiales de cuenta a los clientes ‘importantes’, oficinas para clientes ‘prime’ y la discriminación de amplios segmentos. La resistencia de los sectores ‘excluidos’ no sólo tiene que ver con la tecnología, sino con políticas y procedimientos de los bancos. Cuando se manda a la gente a los cajeros automáticos o ATMs, el retiro del efectivo da un error y el banco se toma diez días para conciliar “el problema” -que la persona se quedó sin su sueldo-, la cuestión no es la complejidad tecnológica. Cuando bancos estadounidenses han tenido que pagar millones de dólares por demandas por discriminación realizadas por comunidades negras e hispanas, la cuestión es también política.

Elección y pertenencia

Ese ‘excluido bancario’ nunca hizo protestas para que los bancos lo atendieran; no considera que los bancos estén hechos para él, no son parte de él, y desconfía de ellos. El ‘excluido bancario’ es una persona en capacidad de decidir y ya había hecho uso de su elección: fue rechazado antes por un banco, o ya había operado con un banco, y luego prefirió operar con una cooperativa, una financiera o una ong para solucionar a través de ellos alguna necesidad financiera. A veces a mayor costo; a veces, ahorrando dinero.
Esa persona que ha sido capaz de tomar decisiones respecto de su economía, que ha sido capaz de decidir qué comprar y dónde, qué alquilar o en qué gastar y ahorrar, ha hecho uso de sus derechos y ha ido eligiendo por quién o cómo ser atendido. Y eso ha ido generando, más allá de adaptaciones y modos de hacer, sentido de pertenencia. Ante el crítico desinterés de los bancos por atender a las comunidades más pobres, éstas se fueron organizando en cooperativas, uniones de crédito, cajas populares, asociaciones vecinales, ong’s, o fueron eligiendo otro tipo de organizaciones cercanas y más o menos participativas como bancos comunales y cajas municipales.
Pero parece que esas elecciones y sentido de pertenencia no tienen lugar ante la normalización que supone el proceso de inclusión, donde la tecnología y los procesos definen a las personas. La persona está obligada a no usar el efectivo y a manejar su dinero en cuentas, no por la elección o deseo de la persona, sino porque coinciden las necesidades de mayor formalización y control recaudatorio por parte del Estado y la promesa de aumento de mercado para los bancos. En esa coincidencia de bancos y Estado, tal vez relacionada con lo que dijera José Mujica acerca de que el poder lo tiene el mercado y el sistema financiero[4], se resuelve que las tecnologías a aplicar son las dominantes, las bancarias. No hay tiempo de analizar alternativas más cercanas a las costumbres y formas de vivir de la gente y donde la gente sea parte protagonista del cambio, no hay tiempo de implementar alternativas que a la vez sean parte de un proceso educativo. Se define un procedimiento y ese procedimiento obliga a la persona, en la práctica, a ser cliente de un banco en los términos que el banco defina.
En términos de profundización de la democracia, en términos de participación de la gente, la inclusión financiera a fuerza de tecnología significa un paso atrás. Porque la normalización del cliente a través de cuentas básicas y masivas no produce que los clientes sean iguales. La ‘igualización’ de la gente no produce equidad. Darle una cuenta bancaria a un subempleado que vende tortas en la calle, no lo convierte en empresario formal ni le mejora las condiciones de riesgo crediticio.
Los sistemas financieros deben tener múltiples instrumentos y canales con suficiente espacio, que atiendan realidades diferentes. Cuando el Estado promueve una forma de instituciones por sobre las otras, no sólo atenta contra la competencia, directamente compromete la atención de los usuarios por parte de los otros canales, perjudicando más directamente a usuarios que a entidades. Cuanto más regulación restrictiva y bancaria, se generará más condiciones para concentrar el mercado financiero formal -con especial participación de bancos extranjeros- y las necesidades de los más pobres serán atendidas en los hechos por un mercado financiero informal -familiares y amigos, comercios, prestamistas particulares- más aún en los momentos de crisis o retracción económica, cuando los “potenciales consumidores de servicios bancarios” pasen a ser “potenciales usuarios de políticas de asistencia”. Y eso, por falta de acceso al capital, o por el encarecimiento del capital, afecta de manera sustancial a los sectores más pobres, a sus emprendimientos productivos y a su libertad de consumo. [5]
En las anteriores crisis financieras los bancos cerraron su atención a los sectores de menores ingresos, que fueron atendidos por cooperativas y otras organizaciones sociales; quiénes atenderán a esas personas cuando a los bancos no les vuelvan a interesar? Se quedarán los bancos con las utilidades circunstanciales de la inclusión financiera y le devolverán el costo al Estado en ocasión de nuevos rescates?
Todo parece transcurrir mostrando que la pérdida de esos vínculos de pertenencia a organizaciones a los que los pobres pertenecen, no importa: lo moderno es ser atendido por bancos. Sin embargo en todos los casos, la pérdida de capital social y de la oportunidad de generar capital social, significa pérdida de autonomía para las comunidades y para su gente.

El sentido de construcción y de pertenencia en las cooperativas

Felix Guattari se refirió a que la supervivencia humana “no sólo está amenazada por las degradaciones ambientales”, sino también por la degradación de los tejidos sociales, por las faltas de solidaridades sociales, por modos de vivir que tienen pretensiones crecientes de homogenización, bajo un “deterioro y empobrecimiento de la vida presa de la serialización”. [6] La persona necesita su capacidad de elección, de ser a partir de su subjetividad, y necesita de la idea de estar construyendo, de estar generando parte de la realidad.
Hay gente que sostiene la ilusión de que, a través de redes de personas donde el esfuerzo y la creatividad de la gente valga, esas personas puedan ganar más oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Donde la propiedad social signifique empoderamiento en términos de adaptación a los nuevos tiempos, desarrollando las capacidades propias para trabajar y realizarse. Que signifique un aporte al menos, para que la gente sea parte de las transformaciones y del proceso de superación de un capitalismo de acumulación y distribución insostenible.
¿Cuáles son las condiciones que tienen las cooperativas, para contribuir al establecimiento de identidades culturales de comunidades que construyen democráticamente? Tienen la responsabilidad de alcanzar un papel destacado en la generación de soluciones adaptables, de amplia distribución. Que vayan más allá de las formalizaciones y que defiendan a la gente de manera más ‘inclusiva’ y humana de lo que está detrás de una economía concentradora, incluyendo las prácticas de la industria bancaria. La responsabilidad de multiplicar propuestas sostenibles para el consumo responsable de las familias y la integración de nodos de producción. La responsabilidad de innovar en tecnologías que sean más que aparatos y máquinas, que permitan hablar con la persona y su necesidad, de innovar en proyectos decentes en la generación de planes y objetivos empresariales. Que el objetivo sea diferente al solo perseguir el comprar y captar barato, y vender y colocar caro.
Las cooperativas no son inmunes a las políticas gubernamentales que tienen como efecto práctico, el incentivo a los bancos comerciales y el desincentivo a las finanzas cooperativas y populares. A pesar de esto y en la medida que puedan sobrevivir a las tendencias y políticas de concentración y de homogenización, las cooperativas tienen un papel destacado como alternativa a ese imperativo del mercado y los conjuntos de consumidores ‘serializados’. Producir integración, pertenencia, cohesión social, y no mera inclusión. Es una visión alternativa que se ilusiona con la idea de que las comunidades construyen, que a través de la construcción van generando una identidad cultural compartida, y que las personas no son meros consumidores bajo la disciplina generada por grandes corporaciones y una regulación que legitima y favorece su actividad especulativa.

[1] En la nota se caracteriza lo que está siendo el proceso de bancarización en Uruguay a 2016, en una visión desde las cooperativas. Uruguay y Argentina son los países con más restricciones regulatorias a las cooperativas de crédito en América.
[2] Ejemplos como éste son usuales: conversación entre un empleado de un banco y una trabajadora de un servicio de compañía para enfermos, a la cual se le paga el salario en ese banco. La trabajadora le cuenta al funcionario desde cuándo trabajaba y cuánto debía tener en su cuenta. El funcionario, con más de 20 personas esperando, le explica los procedimientos y le dice que si tiene dudas debía llamar al call center. La clienta vuelve a intentar la explicación y la preocupación que tiene, pero el diálogo es imposible.
[3] Veiga Neto – Corcini, 2012, La inclusión como dominación del otro por él mismo.
[4] "El poder no está en la política. La política se entretiene en disputar el gobierno porque perdió el poder. El mundo lo está manejando el mercado y el sistema financiero" José Mujica, Búsqueda, 19 de setiembre de 2013
[5] Las cooperativas de crédito tienen en Uruguay tasas de interés inferiores frente a los bancos y las financieras en sus créditos a familias. Eso le supuso a trabajadores y pasivos un ahorro en 2015, de más de 100 millones de dólares.
[6] Rifkin dice en “La Era del acceso” que la crisis de la posmodernidad tiene que ver con que el tiempo cultural de las personas se desvanece ante las relaciones comercializadas, donde todos están inmersos en redes comerciales y en vínculos de consumo permanente por medio de arrendamientos, suscripciones o cuotas por anticipo, en lo cual todo el tiempo se convierte en tiempo comercial.